Philippe Texier

en Hommage à Léo Matarasso, Séminaire sur le droit des peuples, Cahier réalisé par CEDETIM-LIDLP-CEDIDELP, Février 1999

Tras el debate de esta mañana, me gustaría reorientar mi presentación.

En primer lugar, me parece que el término “nuevos derechos” es inapropiado cuando se habla de derechos económicos, sociales y culturales. Por un lado, porque estos derechos son concomitantes con otros derechos, y así ha sido desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 y la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que trata tanto de los derechos civiles y políticos como de los económicos, sociales y culturales, así como los dos pactos que siguieron a esta declaración. Por otra parte, en todas las reuniones internacionales se afirma de manera muy solemne la universalidad, complementariedad e indivisibilidad de los derechos humanos.

Si hoy se habla de “nuevos derechos” es por el diferente estatus que se ha dado a estas dos formas de derechos. Cuando se redactó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sólo había un pacto que aplicar, y todos los redactores pensaron que estos derechos debían considerarse desde un único ángulo y de la misma manera. Esto se reiteró en 1968 en la Conferencia de Teherán y de nuevo en 1993 en la Conferencia de Viena. Hablar de “nuevos derechos” en relación con los derechos económicos, sociales y culturales me parece tan inapropiado como hablar de derechos de primera generación, de segunda generación…, porque equivale a decir que los derechos civiles y políticos precedieron a los derechos sociales, económicos y culturales. Esto es a la vez históricamente inexacto, porque si se observan las instituciones de la ONU, la OIT, por ejemplo, precedió a las demás instituciones, pero también es peligroso, porque está dando a estos derechos sociales, económicos y culturales un lugar inferior al de los derechos civiles y políticos.

Es cierto, sin embargo, que en la historia de las Naciones Unidas han tenido un lugar menor. Por ejemplo, cuando se redactaron estos pactos, estábamos en plena Guerra Fría: los países occidentales no querían oír hablar de derechos económicos, sociales y culturales, y los países del bloque soviético, aunque aceptaban la idea de estos derechos, no querían ningún control sobre su aplicación real. Esto explica la creación de dos pactos separados con un tratamiento muy diferente. Por un lado, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos se adopta junto con un protocolo adicional y facultativo que permite la interposición de recursos individuales y colectivos para verificar su aplicación, lo que no existe para los derechos sociales, económicos y culturales; por otro lado, el primer pacto crea un órgano de control, el Comité de Derechos Humanos; el segundo no crea nada y encomienda al ECOSOC (Consejo Económico y Social) la tarea de verificar su aplicación, al principio con total informalidad, luego en 1985 con la creación de un Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Además, el Protocolo Adicional que permite la reparación individual y colectiva aún no existe, aunque la Conferencia de Viena de 1993 encargó al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, junto con la Comisión de Derechos Humanos, la redacción de un texto que aún no ha sido adoptado.

Por todo ello, se trata de “nuevos derechos”, pero están fundamentalmente vinculados a los demás. La novedad es, por un lado, la conciencia de su existencia y, por otro, el aumento y la diversificación de las violaciones que sufren. Creo que esta violación de los derechos económicos, sociales y culturales es un tema en el que tenemos que trabajar.

Esta falta de conocimiento de estos derechos no es sólo culpa del Estado, ya que la sociedad civil desempeña un papel importante. Por ejemplo, los estatutos de una ONG como Amnistía Internacional sólo hacen referencia a los derechos civiles y políticos, a pesar de que otras ONG empiezan a tomar conciencia de la existencia de estos derechos. ¿Significa esto que las violaciones de los derechos civiles y políticos son más graves o están más extendidas? Creo que no, porque como dicen las cifras del PNUD “más de mil millones de personas viven en la pobreza extrema, sin hogar, sufriendo hambre y malnutrición, desempleo, analfabetismo y enfermedades crónicas”. Más de 1.500 millones de personas no tienen acceso al agua potable y viven en condiciones insalubres, más de 500 millones de niños no tienen acceso a la educación, ni siquiera a la primaria, y más de 1.000 millones de adultos no saben leer ni escribir.

Estas cifras hablan por sí solas y, provocativamente, se podría decir que mueren más personas de hambre que de tortura. Del mismo modo, la evolución actual del sistema económico y financiero está provocando un aumento de la brecha entre ricos y pobres: la pobreza ya no afecta sólo a los países pobres, sino que también alcanza a los países ricos, y la globalización, de la que se ha hablado esta mañana como una nueva forma de imperialismo, está agravando la marginación de poblaciones enteras. Las dramáticas consecuencias de las transferencias masivas de capital realizadas en cuestión de horas, como ocurrió en México en 1994 y, más recientemente, en el sudeste asiático, son una ilustración concreta del problema, ya que decenas de miles de personas se encuentran endeudadas o empobrecidas de la noche a la mañana sin recurso alguno. ¿Dónde está la dignidad humana frente al rigor financiero internacional?

Se trata de la inexactitud del término “nuevo” en relación con los derechos económicos, sociales y culturales. En esta cuestión, la Declaración de Argel es muy clarividente, porque si observamos lo que se dedica a estos derechos vemos que, además de unos pocos puntos en el preámbulo, las secciones 3, 4 y 5 (es decir, la mitad de este texto) se refieren a ellos.

Hay muchas razones que explican esta diferencia en el tratamiento de los derechos y el agravamiento de las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales. En primer lugar, la caída del Muro de Berlín no sólo eliminó una especie de pluralismo político, sino que también y sobre todo impuso el liberalismo como único modelo económico. En segundo lugar, el dominio de la política por la economía y las finanzas significa que el Estado es impotente para controlar el flujo de capital. Las preguntas son: ¿debemos exigir más Estado, o más Estado donde no lo hay? ¿Cómo se puede luchar contra la desestabilización de un país o de toda una región ligada al rápido movimiento de capitales en un ordenador en pocos segundos? ¿Qué podemos hacer contra las multinacionales y los grupos financieros? Personalmente, estoy convencido de que hay que trabajar urgentemente siguiendo estas pistas.

La tasa Tobin, que consiste en imponer o limitar las transferencias rápidas de capital, y la lucha que se ha librado en torno al AMI también son interesantes, pero ¿hay que ir más allá? ¿Podemos, por ejemplo, pedir cuentas al FMI, al Banco Mundial, al BID o a las multinacionales? Una de las consecuencias de la globalización, a pesar de todos los aspectos positivos que se pueden encontrar en ella, es que de alguna manera aumenta los desequilibrios entre el Norte y el Sur, los ricos y los pobres, y contribuye a la creación de sociedades de dos velocidades, no sólo dentro de los países, sino también a nivel universal con una minoría de incluidos y una mayoría de excluidos. Se está empezando a trabajar en este problema, incluso en los organismos de la ONU, sobre todo en relación con la legislación laboral y la deslocalización a países con mano de obra barata y malas condiciones de trabajo.

Esta conciencia existe y, por ejemplo, en su última Conferencia Internacional de junio de 1998, la OIT creó un “núcleo duro” de derecho laboral, es decir, una normativa por debajo de la cual no se puede pasar. Esta idea no sólo debe ser explorada, sino también impuesta.

El artículo 2 de la Conferencia Internacional de la OIT establece que “todos los miembros, aun cuando no hayan ratificado los convenios de la OIT, tienen la obligación, por el solo hecho de ser miembros de la Organización (que abarca casi todos los países), de respetar, promover y realizar de buena fe y de conformidad con la Constitución los principios de los derechos fundamentales que son objeto de dicho Convenio, a saber, la libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva, la eliminación de todo trabajo forzoso u obligatorio, la abolición efectiva del trabajo infantil, la eliminación de toda discriminación en materia de empleo y ocupación”. Estas normas, que la OIT pretende imponer a sí misma y a sus Estados miembros, empiezan a ser tenidas en cuenta por las empresas. Las empresas nacionales o multinacionales han redactado varias cartas que prohíben o restringen el comercio con los países que producen en las condiciones denunciadas. El objetivo ahora es ampliar estas normas a las instituciones comerciales.

Como segundo ejemplo, me gustaría hablar de las medidas adoptadas por las Instituciones Financieras Internacionales (IFI), en particular el Banco Mundial, pero sobre todo el FMI. Los países que violan los derechos económicos, sociales y culturales sacan sistemáticamente en su defensa los llamados planes de ajuste estructural que les impone el FMI. Según un estudio, estos planes suelen tener los mismos ejes principales: la imposición de privatizaciones (8 de cada 10 veces), la reducción de la deuda externa (8 de cada 10) y la reducción de los presupuestos sociales. Por lo tanto, estos planes suponen una mayor marginación de los que ya están marginados. También muestran que en estos organismos, vinculados a las Naciones Unidas, la noción de derechos económicos, sociales y culturales está totalmente ausente. En el Comité de Derechos Económicos y Sociales hemos intentado durante los últimos diez años organizar una conferencia con estas IFI, para promover la idea de que en cualquier plan de ajuste debe respetarse la dimensión humana. En todos estos ámbitos no hay “nuevos derechos”, sino nuevas violaciones masivas que se traducen en hambrunas, guerras, falta de atención sanitaria, falta de acceso a la educación, desastres ecológicos… Sin embargo, son cometidos por autores intangibles: ¿cómo podemos controlar, prevenir o sancionar estos flujos financieros abstractos?

Independientemente de lo que se piense de la reunión de Roma sobre la Corte Penal Internacional, nos ha dado nuevas esperanzas. Hay tribunales ad hoc que se crearon para la antigua Yugoslavia, para Ruanda, como el Tribunal de Nuremberg, pero con los mismos defectos, porque son comisiones que se ocupan de la situación de un país en un momento determinado, sin poder remontarse a un periodo anterior, y sin poder extenderse al contexto que le rodea. La idea de la CPI va más allá, aunque esta jurisdicción tenga algunos defectos. Por un lado, algunos Estados, entre ellos Estados Unidos e Israel, no lo quieren y han hecho saber que nunca lo ratificarán; por otro, no es retroactivo y algunos de los delitos que contempla son imprescriptibles (genocidio, crímenes contra la humanidad, etc.); por último, sólo tiene jurisdicción sobre algunos delitos, entre los que no se encuentran los económicos. Este último punto es difícil de decidir porque, como ha dicho Samir Amin esta mañana, dada la situación política mundial, será una jurisdicción de dos velocidades en el sentido de que, en cualquier caso, ciertos Estados y ciertos criminales pertenecientes a ciertos Estados nunca aparecerán. Esto es cierto, pero tenemos que ser pragmáticos: no podemos descartar hoy que algunos criminales de guerra yugoslavos sean juzgados algún día.

En cuanto a estos delitos económicos, creo que era importante que este tribunal internacional reservara su jurisdicción a los delitos más graves, reconocidos por el derecho internacional. Soy de los que creen que ampliar su jurisdicción al tráfico internacional es un error, porque será más poderosa si su jurisdicción es reducida y focalizada. Pero el problema de los delitos económicos sigue existiendo, y la Liga, el TPP y otros tienen un papel vital que desempeñar, porque en última instancia estos delitos deben ser llevados ante la justicia. Como ONG, tenemos que impulsar estos temas. Jurídicamente, hay enormes dificultades, porque por un lado, a través de estos tribunales, no sólo estaríamos juzgando a Estados o individuos, sino que podríamos ser llevados a juzgar las políticas del FMI, de las multinacionales (como ya ha hecho el Tribunal Permanente de los Pueblos). No son obstáculos insalvables, y es una tarea que debemos perseguir, participando de esta conciencia de que estos delitos son masivos, y tan graves como las violaciones de los derechos civiles y políticos, y que dan lugar a una impunidad aún mayor, especialmente por la dificultad de definir el fenómeno e identificar a los culpables.

Durante esta presentación, me he limitado a plantear preguntas y a sugerir vías de reflexión. Podríamos extender este debate a las nuevas vulneraciones que suponen los avances de la ciencia y la bioética o el fenómeno de la información generalizada: Internet plantea cuestiones de derechos totalmente nuevas. Si al hablar de “nuevos derechos” nos referimos a éstos, son efectivamente nuevos con respecto a la Declaración de Argel, pero no creo que sean de naturaleza fundamentalmente diferente a otros derechos: su defensa se basa en la misma noción de dignidad humana, y no creo que sea necesario crear nuevos instrumentos para garantizar el respeto de estos derechos. Me sorprendió que la UNESCO adoptara una Declaración Universal sobre el genoma humano, porque, en mi opinión, sólo hay una Declaración Universal, la de 1948, y en cierto modo es bastante peligroso diluir los problemas creando nuevos instrumentos, nuevas convenciones, cuando, si trabajáramos para aplicar las convenciones existentes, resultarían totalmente suficientes.

La verdadera cuestión es cómo luchar para que se garanticen los derechos esenciales al mayor número posible de personas. El verdadero objetivo de la Liga y de la Fundación es, por un lado, trabajar en la prevención y, por otro, conseguir sanciones, especialmente en el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales. Este último punto debe ser objeto de nuestro trabajo futuro.

Texier, Philippe
en:

<strong>Hommage à Léo Matarasso, Séminaire sur le droit des peuples
Cahier réalisé par CEDETIM-LIDLP-CEDIDELP, Février 1999
L’Harmattan, Paris, 2004</strong>